Fijo para siempre

Reproduzco aquí un artículo de Javier Martín publicado hoy mismo el El País sobre los funcionarios. Su análisis me parece muy adecuado en unas fechas como las actuales, en las que toda la ciudadanía vive una gran preocupación por los terribles datos de paro que vivimos. Todos los trabajadores tienen que seguir esforzándose todos los días para mantener su empleo... Menos la casta funcionarial. Para ellos no hay peligro y su poder en las administraciones es tal que si quieren, leyes aprobadas por el Parlamento o acciones anunciadas por un Gobierno, no se llevan a cabo, usando el "arte de no mover los papeles".

Javier Martín:

El mundo ha cambiado una barbaridad, ni el matrimonio es ya para siempre; pero el empleo del funcionario, sí. Hasta que la muerte o la jubilación los separe. En tiempos de paro y déficits si las cuentas públicas no cuadran, ¿para qué seguir aumentando el empleo público? En el reino del empleo temporal, del ERE y la congelación salarial, ¿por qué el funcionario tiene trabajo fijo y hasta le suben el sueldo?

"El empleo de por vida es la mejor garantía de profesionalidad", dice Domingo Fernández, presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF. El profesor Francisco Longo disiente: "Por razones de interés general, la hiperprotección laboral del empleo público debe acabar. Cuando la Administración pública no puede mantenerse debe ser lógico que elimine servicios y puestos de trabajo, como sucede en la empresa privada".
Históricamente, el empleo vitalicio fue una prueba de salud democrática: un cuerpo de funcionarios permanente para evitar que el Gobierno entrante pusiera a sus funcionarios y despidiera a los anteriores, como aún sucede en países latinoamericanos. "Eso era necesario en trabajos ligados a los servicios de autoridad, donde el bien público dominante es la imparcialidad", explica Longo, profesor de recursos humanos en ESADE. "Con el tiempo, la protección extraordinaria del empleo público se ha extendido a otros que nada tienen que ver con la autoridad, como profesorado, médicos o servicios sociales, es decir, a la inmensa mayoría. Parecería lógico que estas personas, aparte del examen de entrada, tuvieran que superar de tiempo en tiempo unas evaluaciones para seguir en el empleo".
Así será en Cataluña. Los futuros funcionarios estarán a prueba 90 días y pasarán pruebas anuales. "No nos asusta la evaluación", advierte el dirigente sindical Fernández, "pero con recompensas si es positiva; y sin que signifique el despido, si sale negativa". Fernández recuerda que ya existe el periodo de prueba, pero la novedad de la ley catalana es su carácter obligatorio y universal.
Al catedrático de Sociología Salvador Cardús le gustaría renegar de su condición de funcionario, "porque mi remuneración no depende de mis méritos, sino de mis años de antigüedad". Para Cardús el empleo de por vida es "difícilmente justificable; pero si hay que hacerlo, que dé cuenta de la calidad de su trabajo con mecanismos de control transparentes".
Mientras los países de la Unión Europea recortan funcionarios, España los aumenta (un 32% entre 2000 y 2008). La masa salarial del empleo público por habitante ha aumentado un 60% en España, casi el doble que en la UE. El pago del empleo público se lleva la quinta parte del presupuesto del país.
"A las ocho de la mañana, una persona ficha por todos, y a las tres, otra hace lo mismo". Enrique Cejudo cuenta su experiencia como secretario sustituto del Juzgado número 1 de El Ejido (Almería). "No se trabaja ni cuatro horas al día. Se puede verificar muy fácilmente pues todos los fichajes se hacen en el mismo ordenador". No es el caso general, pero el sistema lo permite.
Belén Marina, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá, no cree que haya empleo de por vida. "El derecho de inamovilidad de los funcionarios no es ilimitado. Su régimen disciplinario contempla las faltas de asistencia, el incumplimiento de la jornada, la falta de puntualidad o de rendimiento... con sanciones que pueden llegar a la separación del servicio".
¿Cuántas infracciones, sanciones o despidos de funcionarios hay? La profesora lo desconoce, también el Ministerio de Justicia, y el de las Administraciones Públicas. "Llevo más de 30 años en la universidad", dice Cardús, "y no he conocido ninguno, pese a que hay casos, pocos, de irresponsabilidad absoluta. El procedimiento es dramáticamente complicado".
Los sindicatos también desconocen estadísticas disciplinarias que serían, por otro lado, lógicas en un colectivo tan grande. "Sólo hay datos de absentismo", dice Fernández. "Similar al de las grandes empresas privadas".
Para evitar el absentismo camuflado, Cejudo eleva a su ente superior, la Subcomisión Provincial de Coordinación y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, una posible mejora de su juzgado. "Sólo con implantar la huella digital para que fichen los empleados, el tiempo de trabajo aumentaría un 50%".
Longo reparte culpas. "Hemos vivido épocas de vacas gordas todos, familias, empresas y también la Administración. Es cierto que una parte del aumento es por mejora de servicios: hay más profesores por alumno, más médicos por enfermo, pero la Administración pública del futuro debe de ser menos voluminosa y más cualificada. El Gobierno sigue contratando demasiado trabajo poco cualificado. Son unas rutinas de comportamiento muy difíciles de romper por los gobernantes. Tienden a seguir haciendo lo mismo".
Y, en consecuencia, el gasto público se va hinchando. Hoy son 2,7 millones de personas trabajando para la Administración, de ellos 1,7 millones funcionarios. "El tamaño del sector público ha experimentado un acelerado crecimiento en esta última década", dice Mario V. González, autor de El coste de la Administración pública española. Según sus cuentas, en 2008 cada español dedicó a pagar a los funcionarios 2.560 euros, 1.000 euros más que ocho años antes. "En España, el coste salarial por empleado público excede en más del 20% el coste del privado".
El presidente del sindicato CSI cree que el aumento se debe a la convergencia con Europa y al desarrollo de las autonomías. Sin embargo, no achaca a la crisis económica las voces que se levantan para cambiar el estatus del funcionariado. "Obedece más a las exigencias de los ciudadanos y a la incorporación de las nuevas tecnologías".
El Gobierno catalán intenta cambiar las viejas estructuras con una ley que reduce la maraña de cuerpos a sólo cuatro, que facilitará la movilidad entre administraciones. Se acabará también con la selección por cuerpos y escalas, que permitía que un abogado ganara, por ejemplo, plaza en un trabajo de gestión económica. "El objetivo es que las administraciones puedan actuar con más flexibilidad; pero también garantizar la idoneidad de las personas para el puesto de trabajo que han de ocupar", explica Jordi Ausàs, consejero de Gobernación. Y otra novedad no menos importante: se exigirá examen para el empleo público temporal, argucia contemporánea para colar gente a dedo que, con el tiempo, accedía a la plaza fija.
El sindicalista Fernández a nada dice que no. "En estos días estamos negociando con la vicepresidenta Fernández de la Vega una ley de la función pública donde se desarrollan sistemas de evaluación, promoción, la movilidad -hasta ahora muy pequeña y complicada-, y la función directiva, que tampoco existía".
Efectivamente, hay funcionarios y jefes puestos a dedo por los políticos, pero no funcionarios-directivos. "No tiene sentido que cambie el presidente de una comunidad autónoma y cambien los gerentes de los hospitales públicos, como está pasando", recuerda Longo.
"La Administración española tiene un gran déficit de gestión. Hay pocos gestores profesionales de la cosa pública, que introduzcan los valores de costes, gastos e inversiones". Longo recuerda los males que acarrea un cuerpo de funcionarios de por vida. "Su hiperprotección conlleva la falta de riesgo del colectivo con unas consecuencias anómalas para la sociedad, como el encarecimiento de los servicios y la distorsión de la labor sindical". "El sindicalismo público es de confrontación", explica, "mucho más agresivo que el privado, porque no existe la amenaza del despido".
El economista Manuel Balmaseda cuantificó en un 4,7% del PIB la diferencia de productividad entre el sector público y el privado en 2003. A caballo entre Estados Unidos y España, Balmaseda recuerda en su Libro Marrón (2006, Círculo de Empresarios) que la productividad de los sectores público y privado era prácticamente idéntica en 1980; pero en 2003 la situación había cambiado: "La productividad del sector privado superó los 35.000 euros, pero la del público no llegaba a los 28.000".
El socialista Tony Blair implantó en la Administración británica el principio de que la eficiencia y productividad de cualquier tarea de cualquier organismo público es medible al igual que en una empresa privada. Y, en función de ello, suprimir, ampliar o reducir.
A partir de entonces han proliferado organismos de evaluación, incluso en España. Veamos uno, la rimbombante Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios en España. Creada hace tres años, sólo se mueve a iniciativa del Gobierno y escribe informes como Trámites administrativos para la creación de empresas. Sus conclusiones: "Es imposible recoger en un solo modelo toda la casuística de la tramitación administrativa". Otra: "El primer paso de una política de simplificación de los trámites para la creación de empresas debe ser impedir que se establezcan nuevas trabas". Y no lo firma Perogrullo.
Como escribe el consejero del Tribunal de Cuentas Lluís Armet en la Revista Española de Control Externo: "La creación de una burocracia para luchar contra los aspectos burocráticos no es la mejor forma de actuar".
¿Qué diferencia hay en la Administración pública española entre un buen trabajador y un vago? ¿Cuál entre el juez que dicta 200 sentencias anuales y el que no dicta ninguna? ¿Y entre el catedrático que acude a sus clases y el que se refugia en supuestas investigaciones? ¿O, simplemente, entre el funcionario que llega tarde y se va pronto y el que cumple su horario? Aparte de la moral, ninguna.
"La falta de evaluaciones no es el mejor hábitat para fomentar la productividad, que es un problema de España en general, y la productividad del funcionario es aún inferior al del empleo privado", recuerda Longo.
Mientras en los países anglosajones cuesta atraer a la juventud al funcionariado, en España se hace cola. "Da pena que el objetivo del universitario sea sacarse una oposición", se lamenta Mario González. "Es una situación racional, por supuesto, porque te da empleo fijo de por vida y aumentos salariales del 2%, pero mata el espíritu emprendedor de un país, que es lo que hace progresar a la sociedad".
Tras 15 meses como secretario de juzgado, Cejudo volvía a escribir a su ente superior, la Subcomisión Provincial de Coordinación y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Andalucía: "Desde el otro lado del espejo que he traspasado, como abogado, como profesor de universidad y como gerente de empresa, la realidad no parecía tan penosa como se aprecia desde dentro. El directivo que aterrizó en la corte de su señoría ha comprobado que no podrá ejercer sus habilidades directivas; lo más que puede llegar a ser es un virtuoso castratti, un capón sin atribuciones que ha de limitarse a firmar y a firmar, y a ser amable".