Javier Casqueiro hace hoy en El País un relato de los acontecimientos de lo sucedido entre este viernes pasado y el sábado que me parece muy ilustrativo. Si las cosas no pasaron así seguramente se acercaron mucho. Lo reporduzco íntegro y dejo el
link para que cada uno lo lea donde quiera.
No iba a ser un Consejo de Ministros cualquiera y no lo fue. Algunos ministros llegaron el pasado viernes poco antes de las diez de la mañana al complejo de La Moncloa, como casi siempre, para compartir el típico café previo al discurrir del protocolario orden del día. Algunos ya habían descansado poco. El jueves había sido otra jornada complicada en lo económico. Tanto, que el presidente anuló, por primera vez en nuestra historia democrática, la presencia del jefe del Ejecutivo en la celebración de la vigésima Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata porque llegó a temerse que tendría que acudir a una eurocumbre para la
salvación de España. Pero esa amenaza no se concretó. Los controladores aéreos, un colectivo de apenas 2.400 personas muy bien pagadas, pararon esa tarde noche el país y llevaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al límite. Las desbocadas demandas de los controladores se veían venir, pero nadie previó que llegarían tan lejos. Los miembros del Gobierno no estaban preparados para lo que se desató esa tarde. Al principio casi no se lo podían creer. Y luego fue el propio Zapatero el que impulsó la solución del estado de alarma. Pero hubo confusiones. Y alguna discusión. En plena tormenta, fue el propio Jefe del Estado Mayor del Aire, el general José Jiménez Ruiz, el que dijo que no podía ni debía asumir el mando sobre los controladores civiles antes de su militarización. Así se lo hizo saber al abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají.
Los ministros fueron abandonando el viernes La Moncloa paulatinamente. Acababan de ratificar un real decreto, que no se comunicó entonces públicamente, para clarificar el nuevo computo que debían trabajar los controladores para sumar las 1.670 horas fijadas en el decreto de la pasada Semana Santa que les rebajó de golpe el sueldo de 350.000 euros de media a solo 200.000. Sabían que el conflicto estaba ardiendo. Pero nadie alertó por la mañana de lo que iba a suceder por la tarde. En Fomento, como ha explicado estos días el ministro José Blanco, sospechaban que los incidentes registrados en el aeropuerto de Lavacolla (Santiago) podían extenderse algo. Y se barruntaba que los controladores podían preparar una gorda para Navidades. En Defensa sí habían puesto en alerta a la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Pero los controladores, concentrados en un hotel cercano a Barajas, no pudieron o no quisieron sujetar a sus bases. El sindicato USCA pareció sorprenderse de que, mientras ellos daban una rueda de prensa, los controladores empezaran a ausentarse masivamente de sus puestos de trabajo. Estaban malos para controlar aviones pero no para ir de asamblea. En esa hora, entre las cinco y las seis de la tarde del viernes, las alarmas ya se dispararon. Primero en AENA, el organismo dependiente de Fomento que regula la navegación en España, luego en el ministerio, donde el ministro pasó los peores momentos. No daba crédito al órdago. El contacto entre Blanco y Zapatero se multiplicó y el de este con el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra de Defensa, Carme Chacón. Fue Zapatero el primero que pidió estudios jurídicos sobre el estado de alarma.
Se montó el gabinete de crisis en Fomento y allí acudieron, además de los cargos de ese departamento, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), José Jiménez Ruiz, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes. Esas incorporaciones ni fueron casuales.
Blanco compareció públicamente sobre las siete de la tarde. De reglamento. Primero pidió disculpas por las molestias, luego marcó con contundencia que había un plan de salida a la crisis y situó el mensaje del chantaje inaceptable de un colectivo privilegiado dispuesto a fastidiar el mayor puente festivo del año a cientos de miles de españoles. Terminó y volvieron a reunirse. Se esperaba una rectificación o marcha atrás de los controladores, pero con poca fe. En realidad se empezó a preparar la declaración institucional del vicepresidente Rubalcaba para las nueve de la noche, poco antes del cambio de turno de los controladores de las diez. Y se esbozaron los primeros borradores del nuevo real decreto, el que impondría por primera vez en esta etapa democrática de España la militarización de un sector básico del sistema productivo.
En ese tránsito, cuando las televisiones aullaban protestas y los ciudadanos aún soñaban con apañar el largo fin de semana, surgió el primer gran debate entre los miembros del gabinete de crisis. Algún ministro defendía a esa hora, con el respaldo del abogado del Estado, que en cuanto el JEMA tomara el mando del espacio aéreo de España los controladores civiles dependerían orgánicamente de él. Es decir, que el general José Jiménez o los comandantes del aire que él nombrase para dirigir cada torre de control o cada centro de mando, podrían ordenar a los controladores civiles que se sentasen a trabajar ya. El propio José Jiménez vio claro el problema. Una cosa era tener el mando genérico y otra obligar a ejecutar instrucciones a un civil. La discusión no duró mucho. La asistencia del general José Luis Poyato Ariza, asesor jurídico de la Defensa, ilustró a todos. No podía ser. Hacía falta otro decreto para instaurar la militarización y que los controladores pasasen de hecho a ser personal militar. Fue lo que se aprobó en el nuevo Consejo de Ministros convocado para las nueve de la mañana del sábado. Desde las nueve de la noche y hasta las dos de la madrugada, cuando Rubalcaba volvió a aparecer en las pantallas, ya más ojeroso y aún más firme, los ministros y demás asesores compartieron bocadillos y bebidas. Intercambiaron despachos y salas.
Entre la una y las dos de la madrugada los ocho representantes de los controladores volvieron a ser llamados al ministerio. Creyeron que iban a negociar y plantearon preguntas. Se les aclaró la situación. Pero ya habló el secretario de Estado de Defensa.
-"Vengo a informaros de vuestra situación. Fomento ya no pinta nada ahora. Y hasta que no se aclare todo esto nadie se volverá a sentar en una mesa de negociación. Si mañana por la mañana no se arregla todo esto, el Consejo de Ministros habrá firmado el estado de alarma y la militarización no solo del espacio aéreo sino de todos vosotros".
Los ocho representantes de los portavoces hicieron el amago de no comprender todo el mensaje. Argumentaron que no todas sus bases les tenían que obedecer en bloque. Querían volver a negociar su convenio.
- "¡Todavía no han entendido ustedes nada. Fomento ya no existe. Están hablando con el secretario de Estado de Defensa!".
Cambiaron de cara y de actitud cuando leyeron el real decreto de militarización y los artículos de la ley orgánica del Código Penal Militar (13/1985 de 9 de diciembre) que prevé la incautación de bienes para el pago de posibles indemnizaciones.
A las cuatro de la madrugada Blanco se quedó solo en su despacho. Rubalcaba y Chacón se marcharon a los suyos. A las siete empezaban los nuevos turnos de los controladores. A las nueve llegaron de nuevo los ministros a La Moncloa. No hubo debate. Sabían a lo que iban. Los controladores empezaron a reintegrarse a sus puestos. El sábado a las 16.00 ya lo habían hecho casi todos.
