jueves, 7 de abril de 2011

Contra el secuestro de La Voz Emérita!!!!!



Reporduzco el comunicado que hemos sacado a la luz desde la AEPG y que va mos a remitir a todos sobre el secuestro que ha sufrido el periódico gratuito de Mérida, La Voz Emérita.

Ante el secuestro y retirada del último número del semanario gratuito La Voz Emérita por parte de la Junta Electoral de Zona de Mérida, la AEPG quiere mostrar su más absoluto rechazo ante una medida sin precedentes en la democracia. La AEPG ha mostrado su apoyo y solidaridad a Javier Álvarez, director de la publicación extremeña, y ha ofrecido su asesoría jurídica para apoyar legalmente a la empresa editora.

En la publicación, distribuida el lunes 4 de abril, aparecían informaciones sobre la inauguración de la Escuela Regional de Hostelería y un Colegio Público a cargo de los responsables de la Junta y el Ayuntamiento. Según el fallo de la Junta Electoral del martes 5 de abril, ese contenido vulnera los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), "al contener alusiones a los logros obtenidos por el Ayuntamiento de Mérida que pueden influir en la orientación del voto de los ciudadanos". En la resolución de la Junta Electoral, enviada por La Voz Emérita a la AEPG se ordena "el cese de la distribución de dicho semanario, así como la retirada y secuestro del Semanario La Voz Emérita Nº 206 de 4 de abril de 2011".

Desde la AEPG se considera que la citada disposición legal, en vigor desde la reforma de enero de la LOREG, ha generado una gran confusión entre los editores y las propias agrupaciones políticas municipales, además de haber supuesto una merma importante de ingresos por la vía de la publicidad de los partidos políticos, máxime en un periodo de crisis en los que cualquier reducción en la facturación puede suponer la “puntilla” para pequeños editores.

Para Sergio Crespo, presidente de la AEPG, “el secuestro de La Voz Emérita puede abrir una puerta peligrosa a medidas que lleguen a cercenar la libertad de expresión, garantizada en nuestra Constitución como un derecho fundamental del ciudadano”.

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