El gobierno ha anunciado que va a permitir que los gobiernos autonómicos puedan externalizar la gestión de las televisiones, según ha anunciado la portavoz del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría tras el consejo de ministros celebrado hoy mismo. Hay quien se ha lanzado ya a decir que este anuncio abre la puerta a la privatización de las cadenas pero, leyendo la letra pequeña de lo que ha dicho, la verdad es que no es así, y aunque se abriera, lo cierto es que en las actuales circunstancias se hace muy complicado pensaqr que eso sea una realidad en fechas próximas.
El Gobierno actual dijo en el pasado que se plantearía privatizar los canales autonómicos porque eran una ruina, pero ahora, cuando le han ido a poner el collar al perro, se han dado cuenta de que eso es sencillamente casi imposible, no porque lo diga una ley, sino porque no tienen comprador. ¿Quien va a querer una televisión autonómica con miles de trabajadores a los que no puede echar y con déficits corrientes y acumulados de cientos de millones de euros? Nadie en este país y en estas circunstancias.
Por eso el Gobierno no habla de vender las teles y habla de la "gestión" de las mismas sin perder la titularidad pública. Y eso si que le puede interesar a alguien.
La cosa irá así, las televisiones van a ceder la gestión a empresas privadas que no tengan que cargar con las rémoras de lo arrastrado y del personal (sobredimensionado en muchas ocasiones y departamentos) para intentar hacerlas más eficientes o al menos, menos deficitarias.
Queda por ver qué va a pasar con toda esa gente que trabaja en las televisiones autonómicas y que se verán sin carga de trabajo cuando la gestión se privatice. ¿Se quedarán cruzados de brazos sin trabajar años y años? La sombra del ERE en Canal 9 y la historia de RTVE es alargada.
Privatizar no es tan fácil.
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